Núm 31, II Época - Abril 2001 - Edita FE-JONS - La Falange
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Núm 31, II Época - Abril 2001 - Edita FE-JONS - La Falange |
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Provisionalidad de la Seguridad Social |
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Tolerarás
al inmigrante Inmigración
sí pero controlada Reconciliación Una
cuestión de dignidad |
Cualquier decisión en materia de Seguridad Social merece una valoración política por su alcance social y porque, en última instancia, la protección que el Estado otorga a sus ciudadanos responde, en gran medida, a la ideología de quien lo gobierna. Dicho sea esto aunque las opciones ideológicas sólo se debatan entre los estrechos márgenes del santificado liberalismo o del proteccionismo ramplón, o aunque se justifiquen las medidas cualesquiera que sean, en incontrovertibles angustias financieras que ahora hacen inviable, una parte de los derechos que los ciudadanos creíamos sólidamente asentados. El preacuerdo alcanzado el paso 30 de marzo entre el sindicato CC.OO. y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre el futuro de las pensiones, contribuye en muy poco a despejar el futuro incierto que se cierne sobre la Seguridad Social española. El sistema español es un sistema de reparto en función del cual, los empresarios y trabajadores en activo y ocupados financian con sus contribuciones a la Seguridad Social, las prestaciones que el sistema regula: pensiones de jubilación, seguro por desempleo, pensión por incapacidad laboral temporal, orfandad, viudedad, etc. Por su importancia cuantitativa, las pensiones de jubilación son el centro de las más importantes propuestas de reforma; además son las que más condicionadas estarán por la evolución demográfica. El condicionante demográfico puede expresarse de la siguiente forma. En 1964, la tasa de fertilidad de la mujer española era de 3 hijos por mujer en edad fértil mientras que en la actualidad, esa tasa es de 1’2 (piénsese que el nivel de remplazo de la población es de 2’1 hijos por mujer). El primer dato refleja el fuerte crecimiento de la natalidad durante el periodo que se extiende entre 1960 y 1975. Estas generaciones cumplirán 65 años entre 2025 y 2040. Al comienzo de este periodo se calcula que la población de más de 65 años representará el 30 por cien de la población en edad laboral (aquella que se encuentra entre los 16 y los 65 años). Al final de ese periodo, en torno al año 2040, la población que superaría los 65 años sería superior al 50 por cien de la que está en edad laboral. Cualquier estimación realizada para un periodo temporal tan lejano es deudora de las hipótesis sobre las que se realiza; bastaría modificar alguna de ellas para que las cifras finales también lo hicieran en un sentido u otro. Baste para ello suponer un cambio en la tasa de actividad de la mujer en España, o en la tasa estructural de desempleo española, para que el impacto financiero sobre el sistema de la Seguridad Social, consecuencia de la mencionada evolución demográfica, fuese muy diferente. Alarmismos a un lado, la natalidad en España es extremadamente débil y la longevidad es cada vez mayor; ambas tendencias se conjugan mal con un sistema de reparto. De ahí, a suponer que la evolución demográfica española responderá ad infinitum a esos parámetros, media un argumento falaz de los propagandistas de los sistemas contributivos -la alternativa al sistema de reparto-, los cuales no encontraremos muy alejados de los centros financieros. Con una inflexión al alza de la natalidad española, el problema anterior se limitaría a las generaciones de la explosión demográfica y la insuficiencia financiera del sistema quedaría bien cubierta con el ya existente Plan de Reserva, o con la financiación del déficit con cargo a los ingresos generales del Estado. De estas dos opciones, el preacuerdo entre CC.OO. y el Ministerio de Trabajo sólo menciona la primera, pero lo hace de la siguiente forma. En primer lugar, afirma que las contribuciones a este fondo se realizarían en la medida que lo permitan las posibilidades financieras del sistema, lo cual no compromete absolutamente a nada. Pero, en segundo lugar, hay otro aspecto que la escasa ambición del acuerdo ignora. El crecimiento económico del que -cuestiones distributivas a un lado- disfruta España, debería permitir unos dividendos sociales más que suficientes para pertrecharse ante la insuficiencia financiera a la que el sistema de la Seguridad Social parece caminar. Finalmente, el acuerdo no contempla compromisos de largo plazo que deberían estar vinculados al aumento de la natalidad. En España miramos al exterior únicamente para contemplar lo que los conductores de la opinión pública deciden. Un horizonte mejor oteado permitiría tomar ejemplo de Suecia donde cada niño recibe una subvención mensual del gobierno de 37000 pesetas, bajo el razonamiento de que el cuidado de los niños no sólo es responsabilidad de los padres sino del conjunto de la sociedad. Otro tanto podría decirse de la política francesa de protección a la familia. El acuerdo CC.OO-Ministerio de Trabajo también incluye otros aspectos de interés. Las mejoras en las pensiones de viudedad se saldarían con un aumento de diez puntos sobre la base reguladora, aunque la “mejora” vuelve a hacerse depender de las posibilidades financieras de la Seguridad Social; tampoco aquí llegan los dividendos de la expansión económica. Las pensiones de orfandad se benefician del aumento en un año del límite de edad para percibir la prestación, medida ésta que poco efecto tendrá a juzgar por el elevado nivel de desempleo juvenil que aún existe. La sensación que se obtiene de la lectura del preacuerdo es la lejanía con la que cientos de miles de pensionistas en España ven la otra España; la que “va bien”. Los garantes del Estado construido a lomos del trabajo de las generaciones mayores, saldan sus deudas con horas de “Tómbola”, unos miles de duros a fin de mes y mucho mestizaje fotográfico entre liberales y progresistas. José Manuel Cansino |
