Núm 31, II Época - Abril 2001 - Edita FE-JONS - La Falange
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Núm 31, II Época - Abril 2001 - Edita FE-JONS - La Falange |
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UNA CORRECCIÓN FILIAL AL CARDENAL ROUCO |
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Tolerarás
al inmigrante Inmigración
sí pero controlada Reconciliación Una
cuestión de dignidad |
El
Presidente de la Conferencia Episcopal y Arzobispo de Madrid, Monseñor
Rouco Varela, afirmaba hace unos días en una conferencia pronunciada en
el Club Siglo XXI, que la declaración sobre la libertad religiosa del
Concilio Vaticano II supone que el Estado “no se identifique
excluyentemente con ninguna confesión religiosa” (Alfa y Omega nº 253.
29-III-2001). Humildemente,
y con todo el respeto, veneración y afecto hacia quien durante muchos años
fue mi obispo, me atrevo a corregir filialmente a Monseñor Rouco, pues
considero que ha incurrido en un error -supongo que sin advertencia plena-
ya que tal declaración no sólo no dice tal cosa sino que afirma
precisamente lo contrario, pues explícitamente advierte que el Sagrado
Concilio “deja íntegra la doctrina tradicional católica acerca del
deber moral de los hombres y de las sociedades para con la verdadera
religión y la única Iglesia de Cristo” (Declaración Dignitatis
humanae. § 1)
. Y
como Mons. Rouco debería saber, tal doctrina ha sostenido siempre que
“no pueden las sociedades políticas obrar en conciencia como si Dios no
existiese, ni volver la espalda a la religión, ni mirarla con esquivez ni
desdén, ni adoptar indiferentemente una religión cualquiera entre tantas
otras; antes bien, y por lo contrario, tiene el Estado político la
obligación de admitir enteramente, y profesar abiertamente aquella ley y
prácticas de culto divino que el mismo Dios ha demostrado querer” (León
XIII. Inmortale Dei. §
11). “Siendo, pues, necesario, al Estado profesar una religión, ha
de profesar la única verdadera” (León XIII. Libertas. §
27). Es decir, que los Estados están obligados a profesar la religión
católica dando culto público a Dios, porque “la razón y la
naturaleza, que mandan que cada uno de los hombres dé culto a Dios
piadosa y santamente, imponen la misma ley a la comunidad civil” (León
XIII. Inmortale Dei. §
11);
inspirando su legislación e instituciones en la interpretación católica
de la vida para que “la sociedad entera se ajuste a los mandamientos
divinos y a los principios cristianos,
al establecer las leyes, al administrar justicia, al formar las
almas de los jóvenes en la sana doctrina y en la rectitud de
costumbres” (Pío XI. Quas primas. § 33); y
reconociendo a la Iglesia su carácter de “sociedad perfecta, maestra y
guía de las demás sociedades” (Pío XI. Ubi arcano Dei. §
22). De
hecho, según el Concilio Plenario de América Latina celebrado en 1899
bajo la presidencia de León XIII, “los
que pretenden que el Estado se desentienda de todo homenaje a la religión,
no sólo pecan contra la justicia, sino que se muestran ignorantes e
inconsecuentes”. El
Catecismo de la Iglesia Católica ha vuelto a recordar que “el deber de
rendir a Dios un culto auténtico corresponde al hombre individual y
socialmente considerado”, o sea, que obliga no sólo a los individuos
sino también a las sociedades; que, por ello, los católicos estamos
llamados a “informar con el espíritu cristiano el pensamiento y las
costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad”; y que las
autoridades civiles no pueden rechazar, en nombre de una pretendida
independencia en relación con Dios, la concepción cristiana de la vida,
sino que deben aceptar la cosmovisión católica e inspirar en ella sus
juicios y decisiones, para que de esa manera se manifieste “la realeza
de Cristo sobre las sociedades humanas” (Catecismo de la Iglesia Católica.
§§ 2105
y 2244). Es más,
para profundizar en estas enseñanzas, el Catecismo de la Iglesia Católica
nos remite nada menos que a la encíclica de León XIII sobre la
constitución cristiana de los Estados -la Inmortale Dei- y a la Quas
Primas, de Pío XI, sobre la Realeza de Jesucristo. Lo cual da a entender,
obviamente, que el nuevo Catecismo sigue considerando válida y vigente,
como el Concilio, la doctrina tradicional sobre los deberes de los Estados
para con la Religión contenida en tales encíclicas y en el Magisterio de
ambos Pontífices, que son las enseñanzas que he traído aquí para
demostrar cómo la Iglesia propugna que, al contrario de lo que ha dicho
el Cardenal Rouco –seguro que inconscientemente-, los Estados sí están
moralmente obligados a identificarse excluyentemente con una confesión
religiosa: la católica. José
María Permuy Rey La
Coruña |
