Antonio Guillermo García Danglades
Internacionalista
agd67@hotmail.com

La decisión del TSJ que absuelve a los militares golpistas del 11-A es una barbaridad jurídica que no tiene parangón en la historia contemporánea de Venezuela y el mundo. Además del sobreseimiento de la causa, el TSJ parece acusar al gobierno de haber querido violar los Derechos Humanos con la supuesta aplicación del Plan Ávila, lo cual abona el terreno para enjuiciar al presidente Chávez por "crimen de lesa humanidad."

A estas alturas, resulta estéril analizar si la decisión del TSJ se ajusta a derecho o no. Es obvio que los 11 magistrados que votaron a favor de los golpistas tienen un compromiso con los sectores de la oposición a quienes le deben el cargo, y que ahora retribuyen el favor con una decisión aberrante. De esta forma, se reproducen los tentáculos de la vieja política en el seno de la administración de justicia.

Mas allá de la diatriba chavista-antichavista, la decisión del TSJ sienta un precedente peligroso y perverso para el proceso democrático. Tal y como lo indica la organización civil PROVEA, "sostener que en Venezuela no hubo un golpe de Estado implica mucho más que una táctica de oposición al gobierno de Chávez, es avalar la perpetración de futuros golpes. La tesis del vacío de poder es cómplice de una vocación autoritaria y no puede ser aceptada por nadie que se precie de demócrata. La impunidad es un estímulo al delito."

Desgraciadamente, la oposición esta presa de su propia histeria antichavista, y celebra la absolución de los golpistas de la misma forma en que aplaudía la coronación de Carmona. Su próximo paso será presionar al TSJ para que enjuicie al Jefe de Estado por "crimen de lesa humanidad"; y para ello, se valdrá del artículo 7 del Tratado de Roma de la Corte Penal Internacional, y de la propia decisión absolutoria que sugiere que los asesinatos del 11-A fueron parte de un ataque generalizado de los círculos bolivarianos contra la marcha de la oposición, aun cuando ya existan pruebas fehacientes que demuestran la participación de la PM y francotiradores mercenarios.

No obstante, si el TSJ "olvida" que un "crimen de lesa humanidad" requiere la existencia de perseguidos políticos y de un ataque permante y sistemático, la barbaridad jurídica será de tal magnitud que Venezuela podría ser victima de otro golpe de Estado. El propio Estatuto de Roma define "persecución" como "la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad." En el caso de Venezuela, aun cuando se asegure que las distintas marchas y demostraciones en defensa del proceso de desarrollo bolivariano es una prueba de persecución política por parte del Estado venezolano, la realidad nos dice que no puede haber perseguidos en un país dondeestán garantizadas todas las libertades publicas e individuales, lo cual ha sido constatado por agencias y organizaciones internacionales como la Comisión Internacional de Derechos Humanos.

Ante semejante desparpajo capaz de retorcer las ideas y convertirlas en parásitos intelectuales, al país democrático le queda proseguir el proceso de acusación de los militares y civiles golpistas por los delitos de rebelión, privación ilegítima de la libertad, usurpación de funciones, desobediencia, insubordinación y sublevación que están tipificados en el Código Penal y Militar, y que confirman que el 11-A hubo un Golpe de Estado. Asimismo, la evidente influencia de la oposición sobre el TSJ vulnerando su autonomía y obligada objetividad, equilibrio y honestidad, hace que su reestructuración sea materia urgente e impostergable, aun si para ello se deba recurrir al poder constituyente originario del pueblo consagrado en la Constitución Nacional.

PROVEA

PROVEA rechaza la decision del TSJ

Provea, horas antes de conocer los resultados de la sentencia del TSJ sobre el enjuiciamiento contra los militares, rechazó la decisión.
"Sostener que en Venezuela no hubo un golpe de Estado implica mucho más que una táctica de oposición al gobierno de Chávez, es avalar la perpetración de futuros golpes. La tesis del vacío de poder es cómplice de una vocación autoritaria y no puede ser aceptada por nadie que se precie de demócrata. La impunidad es un estímulo al delito", destacaron los voceros de la organización humanitaria mediante un comunicado.

Ernesto Villegas Poljak

Puede haber rebelión militar sin disparar un tiro:

Para que se consume el delito de robo a mano armada, no hace falta que el delincuente desenfunde, y mucho menos que accione, su respectivo "hierro". A los ojos de la ley, basta con que lo cargue encima. En un criterio similar se basó el magistrado Alejandro Angulo Fontiveros al elaborar la ponencia en la que propuso a sus colegas del TSJ autorizar el enjuiciamiento de cuatro altos oficiales de la FAN por el delito de rebelión militar durante los días 11, 12 y 13 de abril, por considerar que el general de división (Ej.) Efraín Vásquez Velasco, el vicealmirante Héctor Ramírez Pérez, el general de brigada (Av.) Pedro Pereira y el contralmirante Daniel Comisso protagonizaron, junto a otros, un alzamiento armado, aunque no hayan llegado a disparar un solo tiro. Lea aquí sus argumentos y otros extractos del proyecto de sentencia, el segundo que se vota en el antejuicio de mérito solicitado por el Ministerio Público.

Por: Marta Colomina

Conspirar no sólo es el intento de sacar del poder a mandatarios democráticos (cosa hecha de vez en cuando por los medios de comunicación (MC), en acción más eficaz y desde luego mucho menos sangrienta que la de hoy desmemoriado candidato presidencial Hugo Chávez). Es también crear tramas en torno a la vida privada de las personas y propiciar intrigas con el fin de hacer crecer los ratings televisivos, como le ocurrió a la indefensa Alicia Machado.

Por: Luis E. Rangel M.

La sugerencia se formula para evitar que, por desconocimiento de anatomía, política y jurisprudencia, se interprete que sus objetos de presunción carecen del poder del cual presumen; porque, a pesar del odio visceral que le profesan ¿tal vez, por esta misma razón?, nuestro actual Presidente si demostró "abundancia y buena colocación" al asumir públicamente su responsabilidad por el "fracasado" golpe del 4 de febrero y atreverse a realizar los cambios estructurales que el país ha estado clamando desde hace muchos años.

Por: Ángel Cristóbal Colmenares

Para desarrollar esa Venezuela democrática y signada por la solidaridad tenemos un excelente programa que es la Constitución Nacional, especialmente sus artículos 2, 3, 62, 70, 99, 108, 118, 119, 132, 299, 307 y 308. Tenemos un presidente identificado con esos fines. Somos parte de una mayoría popular que legitima ese programa. Tenemos experiencia de movilizaciones que indican una madurez política suficiente como para asumir el reto.